Actualizado > 01/09/2010

El Centro Montalvo en el marco de su campaña contra la violencia estructural “Inversión Social para la Paz”, presentó hoy los principales hallazgos de la investigación “Situación de las mujeres que realizan actividad sexual comercial en Santo Domingo y La Romana”. El estudio se desarrolló con la finalidad de profundizar los conocimientos acerca de la situación de las mujeres y adolescentes que realizan actividad sexual comercial en el Distrito Nacional, Santo Domingo y La Romana, para contribuir a su visibilización, así como para servir de insumo para el diseño de acciones dirigidas a abordar dicha temática.

La investigación, realizada para las religiosas Adoratrices, muestra como la pobreza, la falta de oportunidades laborales, el desequilibrio de género favorecen que las mujeres ejerzan actividades de comercio sexual. Todos estos son aspectos que evidencian la presencia de una violencia estructural, ejercida a través de la falta de inversión social, que podría ofrecer a estas mujeres otras oportunidades para la realización de sus aspiraciones.

El estudio fue realizado con un grupo de 100 mujeres cuyas edades oscilan entre 18 y 35 años, de las cuales la mitad apenas ha alcanzado estudios básicos. Un 12% carece de acta de nacimiento y un 26% de cédula. Tienen entre 1 y 3 hijos/as, a los/as cuales mantienen económicamente, en su mayoría, sin ayuda del padre ya que el 73% de las mujeres entrevistadas no convive con una pareja actualmente.

Provoca indignación el constatar que estas mujeres se inician en el trabajo sexual alrededor de los 18 años. Y más indignante aun que poco más del 30% se inicia sin haber llegado a la mayoría de edad. El hecho de que el 73% de estas mujeres se inicie por necesidades económicas revela la magnitud del problema de la pobreza en estas zonas. La manera en como gastan el dinero refleja la imperante necesidad económica ya que la mayoría de ellas invierte sus ganancias en mantener a hijos/as y familiares.

Además de la violencia que significa el tener que ejercer esta actividad de manera forzosa, son víctimas de maltratos físicos. Un 68% ha sido maltratada físicamente 51% ha sido maltratada por parte de su pareja/ex pareja, el 25% su progenitor/es y el 23% por clientes. Se suma un 25% que ha padecido violencia sexual.

Aun cuando no existe ninguna ley que prohíba el ejercicio del comercio sexual, el 63% de las mujeres fue detenida alguna vez por la policía y de estas, un 48% sufrió maltrato físico, un 38% abuso sexual, y un 40% fue robado. Es inconcebible que el mismo cuerpo del orden, llamado a respetar la integridad de la persona, sea propiciador de violaciones a los derechos de estas mujeres.

La estigmatización que recae sobre ellas es causante de que el 67% haya recibido humillaciones de la gente. Estas humillaciones repercuten en sus niveles de confianza en sí mismas provocando sobre ellas sentimientos de tristeza y malestar. Además de que las coloca en un limbo en el cual resulta difícil hasta soñar una vida mejor.

En el estudio, el 94% de las mujeres dice querer abandonar el comercio sexual, sobre todo para ofrecer un estilo de vida diferente a sus descendientes.

Frente a esta panorámica reflejo de un fenómeno tan cotidiano y tan invisible en nuestra sociedad, el Estado tiene una responsabilidad ineludible en la construcción de alternativas de vida para que las mujeres no se vean obligadas a entrar en el comercio sexual. Es necesaria una intervención firme y continua en materia de prevención a fin de evitar la entrada de niñas, adolescentes y jóvenes en esta actividad. Se hace impostergable también el desarrollo de acciones decididas para abrir nuevos caminos a las mujeres que ya están envueltas en el comercio sexual y que manifiestan voluntad de salir del mismo.

Los programas de desarrollo y sociales dirigidos a afrontar la pobreza y la marginación que esta genera, deben establecer la educación como prioridad, promover una verdadera equidad de género, erradicando, desde la raíz, la violencia de género.